El próximo año será crucial para Guatemala, porque se vendrán cambios en los tres poderes del Estado y en el ámbito local, y por ello, empezará una lucha de poder sin cuartel.
Durante este año preelectoral, cuando los funcionarios deberían promover la participación ciudadana, enviar un mensaje de transparencia y apoyar la libertad de expresión y pensamiento, ocurre lo contrario.
Todo empieza desde la “carta de entendimiento” entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual manipula y viola la libertad de expresión y fomenta la censura, porque quieren controlar a todos los medios de comunicación y evitar así el libre debate de ideas.
Esta martes ha sido presentada una iniciativa de ley en el Congreso de la República, la cual pretende proteger a los políticos corruptos de siempre y a otros funcionarios de cualquier expresión ciudadana o publicación de los medios que pretendan fiscalizar, interrogar o poner en duda sus acciones.
Se quiere sancionar con cárcel la crítica y la libertad de expresión de aquellos que busquen “atacar” a la clase política del país. La iniciativa busca censurar cualquier tipo de opinión en contra de los mafiosos que tienen controladas las altas cúpulas del país, al imponer cárcel para quienes se animen a criticarlos.
El golpe de corrupción que ahora pretenden hacer estos sectores mafiosos del país lo justifican en un “acoso político”, que consiste en una reforma al Código Penal. Esta iniciativa oscura para cuidarse y defenderse de críticas por su incapacidad y falta de servicio al país es hecha por diputados señalados en actos de corrupción, ellos son: Estuardo Galdámez, Karla Martínez, Eva Monte y Delia Bac.
La congresista Eva Monte, durante la exposición de la inicativa, justificó la acción así: “No solo es una forma de proteger candidatos, diputados, presidente o vicepresidente, tenemos derecho a la defensa”.
Dicha iniciativa, al igual que lo presentado por Cicig y TSE, es una violación clarísima a las garantías constitucionales consagradas en la Carta Magna de 1985. Incluso van más allá de los límites y se busca sancionar con la cancelación de las empresas, si hay reincidencia en las “criticas”, a las que ellos consideran “ataques”.
Es interesante ver el aumento del autoritarismo en las instituciones políticas de Guatemala y la nula madurez política de los diputados, quienes se sienten acorralados ante el constante asedio de fiscalización de las diferentes instituciones y de la justicia.
La democracia, frágil en Guatemala, vive sus momentos más álgidos y preocupantes, en donde la guerra total y sin cuartel por el poder está extralimitando los derechos de toda la población. La lucha contra la corrupción se ha convertido en un ideal prostituido a lo largo de los años y que ha desembocado en las rabietas de la clase política que se siente bajo la lupa y que mira con miedo el cambio que se avecina.
La participación de toda la población y la observancia del cumplimiento de sus derechos, es importante, ante todo, el saber discernir de la información que se consume, pues las noticias falsas están a la orden del día y solo buscan distraer a la gente y crear confusión y conflicto.
Ha llegado la hora, que como ciudadanos conscientes, estemos alerta y dispuestos a tener, bajo un criterio propio y no ha dejarse llevar por la masa, la libertad de elegir y ser electo, de ser honestos y responsables, además de que los funcionarios sean capaces de desempeñar las funciones para las cuales fueron electos y puedan manejarse con dignidad en los cargos y en servicio del país y no de factores personales.
A día de hoy, los extremistas de ambos bandos de esta guerra no son soluciones para el país. Los liderazgos de nuestra Guatemala, todos son cuestionables y se quedan callados ante los abusos de una parte u otra de esta guerra.
Será mucho pedir, pero ojalá y los diputados que integran el resto del pleno sean responsables y conscientes y no apoyen esta iniciativa en favor de la corrupción, la cual pretende censurar a medios de comunicación y personas particulares.
Los próximos candidatos a cargos de elección popular deben tener claro que siempre serán fiscalizados por la población que los eligió y si les molestan las críticas, pues mejor opten por no postularse. El llamado será para los funcionarios y diputados, incluso al mismo presidente del país, que trabajen con honradez en beneficio de Guatemala y dejan de seguir promoviendo la corrupción que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo al país.
