La Ley de Vacunas no busca obligar a la población a que se vacune y tampoco surgió en el contexto de la pandemia, es una iniciativa que ha sido construida durante cinco años por el sector médico/científico de Guatemala que está convencido que la vacunación es uno de los procedimientos médicos que más salvan vidas.
La iniciativa 5342, conocida por la Ley de Vacunas se encuentra pendiente de aprobación. Está en tercera lectura en el Congreso y se espera que esta semana sea agendada entre los puntos de la sesión legislativa del próximo 1 de septiembre, este sería el paso final luego de un extenso recorrido que inició en 2015.
La ley fue planificada desde hace 5 años y presentada al Congreso en 2017 por profesionales de la salud de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), Asociación Pediátrica de Guatemala (Asodepia), Asociación de Ginecología y Obstetricia (AGOG) y el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).
En la actualidad Guatemala es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un aparato legal que regularice la vacunación desde la salud pública, lo que dificulta garantizar el acceso a vacunas a poblaciones vulnerables a adquirir enfermedades infecciosas, como el neumococo o el virus del papiloma humano (VHP).
“Cuando creamos esta iniciativa lo hicimos pensando en que la vacunación debe ser garantizada y no depender de la voluntad de los políticos de turno”, argumentó la doctora Sandoval, que adicionalmente explicó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es el rector de la vacunación a través del Programa Nacional de Inmunizaciones, “esto seguirá siendo así, lo que pretendemos es fortalecer las gestiones, que esta ley permita aplicar mejores métodos de compra y garantizar un presupuesto sin modificaciones ni movimientos”.
Es el artículo 27 de la iniciativa el que señala que el MSPAS debe contar con un rubro específico para la vacunación anualmente y garantizar que el 95 % de la población tenga acceso. La doctora Sandoval precisó que en años anteriores ha habido traslados de fondos que han afectado el acceso a la vacunación.
“Queremos que esas vacunas que las personas adquieren en un consultorio privado, la puedan conseguir en lo público (…) por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, que es un requisito para viajar a muchos países, existe en Guatemala pero no está al alcance de todos actualmente”, resaltó Sandoval.
El papel activo de las asociaciones científicas que impulsan la ley será a través del Consejo Nacional Asesor Para la Inmunización (Conapi), que desde ya se encuentran monitoreando las enfermedades inmunoprevenibles que circulan en el país y buscan asesorar en las jornadas de vacunación periódicas que aplique el Mspas.
¿Qué relación hay entre esta iniciativa de ley y la COVID-19?
“Las vacunas tienen tres fases para producirse, no caen del cielo, llevan años en reproducirse. La del ébola, por ejemplo, costó 16 años de trabajo”, aclaró la doctora Sandoval ya que en redes sociales grupos conservadores han promovido la desinformación sobre las vacunas que países como Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos se encuentran fabricando en busca de la inmunización contra la COVID-19.
“Guatemala forma parte de los más de 41 países que usan el fondo rotatorio, que es una compra más barata de las vacunas y que es organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que está en busca de garantizar un acceso equitativo a la vacuna y que no haya preferencia por países con mayor poder adquisitivo (…) entonces una ley ayudaría a que las dosis que se obtengan sean enfocadas al grupo epidemiológico más vulnerable”, explicó Sandoval.
La ley de vacunas actualmente cuenta con un dictamen favorable del Mspas otorgado por el exministro Carlos Soto, durante el 2018, lo que significa que el ejecutivo reconoció la importancia de la vacuna y respalda la iniciativa del gremio médico que espera que la ley pueda pasar la tercera lectura en la primera semana de septiembre.
