Entre algunos procesos destacan los de Guatemala y Mixco, cuyos alcaldes enfrentan procesos de antejuicio. Y condenas como las de Chinautla.
Por Isaias Morales
Juan Francisco Sandoval Alfaro fue jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público entre el 4 de septiembre de 2015 y el 23 de julio pasado, cuando la fiscal general Consuelo Porras lo destituyó. En ese período junto a su equipo y a la CICIG, cuyo mandato finalizó en septiembre de 2019, reveló 11 investigaciones por corrupción relacionados con municipalidades.
De estas, siete siguen en proceso en los juzgados y otras tres ya recibieron sentencia condenatoria. La fiscal Carla Valenzuela quedará a cargos de los expedientes actuales y los nuevos que se presenten.
“En el caso del financiamiento ilícito del Partido Unionista, cuántos dolores de cabeza y cuantos regaños y reprimendas por cumplir con nuestra función”, explicó Sandoval la semana pasada en conferencia de prensadesde la sede del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Declaró encontrar obstáculos en su trabajo.
La investigación de la fiscalía se presentó el 14 de junio 2019, dos días antes de las elecciones pasadas. La FECI señaló al alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez Lemus, y al concejal I, Víctor Martínez de utilizar al menos Q1 millón de fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para financiar las campañas electorales de 2011 y 2015.
En el caso del jefe edil la solicitud de antejuicio no prosperó porque la Cámara de Amparos y Antejuicio mantuvo su inmunidad. Por esa razón, la fiscalía presentó a inicios de año una apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Mientras que Martínez enfrenta proceso a la espera de que comience la etapa intermedia que determinará si enfrenta juicio.
Estas acusaciones surgieron a partir del expediente Caja de Pandora presentado en octubre 2017, cuando se intentó despojar de su inmunidad al entonces alcalde capitalino Alvaro Arzú Irígoyen. El proceso no prosperó en tribunales, pero hay funcionarios como la exsíndica I Luisa María Salas Bedoya que esperan enfrentar juicio en los próximos meses.
El otro caso que lleva la FECI es el de “Amenazas Falsedad e Influencias” en el mismo estaría vinculado el jefe edil de Mixco, Neto Bran, por autorizar la contratación de Rolando Moisés Pérez, un simpatizante de campaña condenado a 12 años de prisión. La solicitud de antejuicio en la que se busca investigar al funcionario municipal sigue sin prosperar porque presentó múltiples recursos para defenderse.
Sentenciados
Uno de los principales logros de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI fue la investigación de “Chinautla: Un Negocio de familia”. El cacique Arnoldo Medrano fue condena a 29 años de cárcel por la defraudar Q25 millones a las arcas municipales que alcanzó a los socios comerciales y parientes del exgobernante de esa localidad.
El juez Pablo Xitumul se refirió a Medrano y a los demás integrantes de la red criminal como “delincuentes de cuello blanco, de oro o de supuesta corona dedicados a cometer actos de corrupción”.
En 2017, cuando se develó el caso, el entonces comisionado de la CICIG, Iván Velásquez¸ explicó que la red es similar a la de otros grupos que sustrajeron fondos públicos de instituciones como el Organismo Ejecutivo. “En esta alcaldía se estructuró un modelo de cooptación a nivel territorial, el cual no es ajeno al de otros municipios del país”
Otras dos sentencias condenatorias se relacionan a dos investigaciones. La primera por extorsión de cuatro años de prisión para René Arturo Villavicencio Funes, y seis para Guillermo Alejandro Arenas Guzmán por extorsión de Q150 mil a la concejal Magaly López Cotí a cambio de información de casos donde la involucraría.
La otra de dos años y ocho meses de cárcel para René Arturo Villavicencio Funes por lavado de dinero y 8 meses más conmutables por tráfico de influencias. Fue señalado de cobrarle Q400 mil al exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Barrientos, a cambio de información.
Hay otros dos casos que se revelaron antes de que Sandoval asumiera la jefatura de la FECI, pero las sentencias se dieron en su gestión. En uno el exalcalde Adolfo Vivar (2008-2012) fue condenado a 16 años de prisión el 18 de octubre de 2019 por desviar Q20 millones de la alcaldía. La investigación se hizo pública el 13 de septiembre de 2012.
El otro proceso denominado Drogas Dinero y Poder Local involucró al exjefe edil del Puerto de San José, Escuintla, Jorge Rizo Morán. Su esposa Marcos Odilia González García fue condenada a seis años de prisión por lavado de dinero. En tanto el funcionario fue absuelto por el Tribunal de Mayor Riesgo B.
Pendientes de avanzar
Jorge Barrientos (2012-2020) fue señalado de liderar una organización de amigos, socios y familiares de apropiarse de al menos Q73 millones de la alcaldía de Quetzaltenango. Sin embargo, el caso no llegó a juicio por decisión del juez Hugo Escalante de cerrar el casode forma provisional. A su vez desestimó el testimonio de anticipo de prueba del colaborador eficaz, Jorge Antonio Palomo Leppe.
El caso quedó detenido porque apeló la FECI. Al final la Corte de Constitucionalidad aceptó ese recurso y la declaración del testigo.
Otro que tampoco ha llegado a juicio es el de Lanquín, donde fue señalado el exalcalde Francisco Pop señalado de pagar al menos Q9 millones a empresas fantasmas. Otras 17 personas enfrentan proceso.
En esta tabla te enumeramos los casos:
