El presidente Bernardo Arévalo ha puesto sobre la mesa una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público ante el Congreso de la República, desencadenando un intenso debate sobre la rendición de cuentas y la independencia de esta institución clave en el sistema judicial guatemalteco.
La reforma propuesta se centra en el artículo 14 de la mencionada ley, específicamente en el proceso de remoción del fiscal general y jefe del Ministerio Público. Según la iniciativa, el presidente tendría la potestad de destituir al fiscal general por causas debidamente fundamentadas, entre las que se incluyen la comisión de delitos dolosos durante el ejercicio de sus funciones, así como la falta de capacidad, idoneidad u honradez sobrevenida.
Uno de los aspectos más controversiales de la propuesta es el proceso previo a la remoción, donde se establece que el presidente deberá reunirse con el fiscal general para otorgarle audiencia y permitirle presentar sus argumentos antes de tomar una decisión. Además, se destaca que contra la determinación del presidente no cabría recurso ordinario alguno.
En caso de que se proceda con la remoción, el presidente designaría a la persona que ocuparía el cargo y concluiría el período faltante, seleccionándola de entre los candidatos de la nómina remitida por la Comisión de Postulación.
La propuesta ha generado un intenso debate en los sectores políticos y la sociedad civil, quienes están evaluando sus implicaciones en términos de independencia y autonomía del Ministerio Público. Algunos ven esta medida como un paso hacia la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, mientras que otros expresan preocupación por el posible impacto en la independencia del Ministerio Público y su capacidad para actuar de manera imparcial en la persecución de delitos y la defensa de la legalidad.
En medio de este debate, el Congreso de la República se prepara para analizar detenidamente la propuesta de reforma, considerando todas las perspectivas y opiniones antes de tomar una decisión final sobre el futuro del Ministerio Público en Guatemala.
