Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, estuvo en busca de reanudar sus labores tras enfrentar una sentencia polémica. Laparra, de 44 años, presentó una solicitud de reanudación el 29 de enero de este año, pero el departamento de acciones de personal del Ministerio Público respondió en conformidad con el reglamento interno, citando dos procesos penales pendientes en su contra.
La situación de Laparra se remonta a 2016, cuando era jefa de la FECI en la ciudad occidental de Quetzaltenango. El 16 de diciembre de 2022, fue sentenciada a cuatro años de prisión en un juicio controvertido. La sentencia se basó en la acusación de haber denunciado a un juez sin poseer las atribuciones legales para hacerlo.
El proceso penal que llevó a Laparra a la parra se caracterizó por ser altamente cuestionado, con denuncias de irregularidades y falta de imparcialidad. Se argumenta que la condena se basó en pruebas insuficientes y en una interpretación restrictiva de la ley. Laparra sostiene que las acusaciones en su contra son infundadas y parte de una campaña para obstaculizar su labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Virginia Laparra busco la reanudación de sus labores para continuar en su puesto como jefa de la FECI en aras de sus derechos laborales. La situación destaca la complejidad y sensibilidad en torno a la administración de justicia en Guatemala y el desafío de garantizar la imparcialidad y la protección de los derechos individuales en el sistema legal del país.
Sin embargo luego de un largo debate Virginia la Parra dio a conocer a través de un comunicado lo siguiente
Después de 16 años de servicio, he decidido renunciar como fiscal del Ministerio Público (MP). Tomo esta difícil decisión pues el esfuerzo continuo de criminalizar mi labor ha tenido como una de sus consecuencias que, de forma arbitraria, se me niegue la posibilidad de reincorporarme a mis labores, como una especie de pena anticipada.
Me siento orgullosa de la labor que realicé, desde mis inicios como pasante, hasta las complejas investigaciones en contra de estructuras del crimen organizado que tuve el privilegio de liderar al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango. Durante toda mi carrera fiscal, realicé mi trabajo con profesionalismo y rigor.
Me solidarizo con las decenas de colegas que han sido perseguidas por hacer su trabajo con igual dedicación y dignidad; y con los cientos de fiscales que han sufrido hostigamiento o han sido destituidas por mantenerse firmes en sus principios. La ciudadanía guatemalteca sufre hoy las consecuencias de una fiscal general que abandonó su deber de procurar justicia y ha convertido al MP en un instrumento de venganza al servicio de intereses corruptos y mezquinos.
Termino un capítulo de mi vida como fiscal de carrera, con alegría y orgullo, a pesar de los reiterados esfuerzos de quebrarme y pisotearme por haber cumplido con mi deber. No lo han logrado, ni lo lograrán pues tengo a mi disposición armas que me han permitido derrotar a la muerte misma: mis hijas, mi familia y mis amistades más queridas.
Mi vida profesional continuará por otras rutas y seguiré dedicándome a construir un mundo más justo, fortalecida más que nunca por el apoyo de tantas personas y organizaciones que me han permitido hacer frente a estos embates y con quienes siempre estaré muy agradecida.
Dejando en claro que no volverá a trabajar como fiscal sin embargo que su lucha contra la corrupción continuará de otra forma.
