ASESORES JURÍDICOS DEL MP VINCULADOS A EXFUNCIONARIOS CUESTIONADOS
El Ministerio Público (MP) ha destinado Q10 millones en 45 adjudicaciones este año a través de la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación. De este total, Q8.7 millones se han utilizado para la contratación de personal bajo el Programa de Fortalecimiento y Modernización del MP, financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este programa, con un préstamo de US$60 millones, busca aumentar la eficacia del MP para reducir la impunidad en Guatemala.
Entre los asesores jurídicos contratados se encuentran Luis Antonio Lam Padilla y Cecilia Isabel Mayorga Ordóñez. Lam Padilla, conocido por haber defendido al expresidente Jimmy Morales y por su papel en la expulsión de la CICIG, devenga un salario mensual de Q17 mil. Su contrato inició en abril y tiene una duración de nueve meses, prorrogables según desempeño y disponibilidad financiera.
Por su parte, Mayorga Ordóñez, con un salario mensual de Q20 mil, ha trabajado anteriormente en el Instituto de la Víctima y en el Ministerio de Comunicaciones, donde enfrentó un reparo por la Contraloría General de Cuentas. Su contratación en el MP comenzó en 2022.
Ambos asesores forman parte del equipo de Eduardo Mejía Calito, quien encabeza la Secretaría y ha sido activo en la defensa de funcionarios del MP incluidos en la lista Engel de actores corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Mejía Calito ha solicitado apoyo para que estos funcionarios, incluida la fiscal general Consuelo Porras, sean retirados de la lista, argumentando que han sido desprestigiados injustamente por el gobierno de Bernardo Arévalo.
Este programa de modernización del MP, financiado por el BID, ha generado cuestionamientos debido a la contratación de figuras vinculadas a exfuncionarios controvertidos, lo que pone en duda la transparencia y eficacia del proyecto destinado a combatir la impunidad en el país.
