El gobierno central dio la razón a las autoridades ancestrales de San Cristóbal Totonicapán, ya que los mismos denunciaron que la persona representante del pueblo maya K’iche’ es un trabajador del diputado Alberto Eduardo De León, integrante de la estructura Herrera Amado que buscan copar los proyectos y la ejecución presupuestaria de la gobernación de Totonicapán.
La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia solicitó al Ministerio de Cultura y Deportes que convoque nuevamente a la elección del representante de los pueblos indígenas en el CODEDE de Totonicapán.
Dicha nueva convocatoria radica en que Hever Nicolás Tum Osorio no reúne las condiciones establecidas en el reglamento de la ley de Concejos de Desarrollo Urbano y Rural, debido a que es empleado del Congreso de la Republica, contratado para el despacho del diputado Alberto Eduardo De León Benítez, cuñado del alcalde de Totonicapán Luis Herrera, ambos electos en las pasadas elecciones por el partido CABAL.
Por esta situación, líderes indígenas de San Cristóbal Totonicapán, realizaron una petición al Ministerio de Cultura para que se anulara la elección de Hever Tum, como consecuencia de que el reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establece como requisito que las personas que opten a representar instituciones o sectores no gubernamentales no deben ser servidores públicos, sin embargo, Tum Osorio es un trabajador del Congreso de la República.
Varias personas radicadas en Totonicapán que por temor a represalias pidieron no mencionar su identidad, afirman que la intención del clan Herrera Amado es cooptar los espacios en el CODEDE de Totonicapán, ya que esta organización ha programado ejecutar 139 proyectos de infraestructura y por ende tienen un presupuesto superior a los 125 millones de quetzales.
Los municipios ganados por el partido CABAL las pasadas elecciones son Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán, Momostenango y Santa María Chiquimula. En dichos municipios hay interferencia directa del clan Herrera Amado, además entre los 4 municipios hay programadas 94 obras físicas que suman Q69 millones de quetzales para ejecutar, por ende el interés del clan de intervenir para adjudicar las mismas.
La estructura del partido CABAL en Totonicapán, el clan Herrera Amado, busca interferir para que los contratistas que ellos prefieran sean los beneficiados con la adjudicación de las obras y así poder ganar las comisiones o coimas respectivas. Ya han sido reportados por varios alcaldes que los diputados de CABAL buscan en los distintos distritos controlar las obras en ejecución y así tener acceso a los recursos.
