El año 2025 ha sido testigo de una serie de decisiones gubernamentales que han generado intensos debates y críticas en Guatemala. Estos decretos, impulsados desde el Ejecutivo y el Legislativo, han sido señalados por amplios sectores de la sociedad como medidas que podrían profundizar la desigualdad, debilitar la democracia y favorecer intereses particulares. Aquí, un recuento crítico de los cinco más controversiales:
1. Decreto que reduce la transparencia en compras públicas
El gobierno aprobó un polémico decreto que limita el acceso a información sobre contrataciones del Estado, argumentando «agilizar procesos». Sin embargo, organizaciones anticorrupción han denunciado que esta medida abre la puerta a opacidad y favorece la corrupción. ¿Es este un intento por blindar a funcionarios y contratistas amigos del poder?
2. Reforma fiscal que beneficia a grandes corporaciones
Una reforma tributaria, disfrazada de «estímulo económico», redujo impuestos a grandes empresas mientras mantuvo altas cargas para pequeños contribuyentes. Críticos señalan que esta medida profundiza la desigualdad y desfinancia servicios básicos como salud y educación. ¿Quién gana realmente con esta reforma?
3. Ley que criminaliza la protesta social
Bajo el argumento de «garantizar el orden público», se aprobó un decreto que penaliza con dureza las manifestaciones y bloqueos, incluso aquellos pacíficos. Organizaciones de derechos humanos han alertado que esta ley busca silenciar las voces disidentes y proteger intereses económicos sobre los derechos ciudadanos. ¿Dónde queda la libertad de expresión?
4. Privatización de recursos hídricos
Uno de los decretos más criticados permite la concesión de fuentes de agua a empresas privadas, incluyendo megaproyectos extractivos. Comunidades indígenas y ambientalistas han denunciado que esta medida pone en riesgo el acceso al agua y viola derechos ancestrales. ¿Es el agua un negocio o un derecho humano?
5. Amnistía para casos de corrupción
En un movimiento sorpresivo, el Congreso aprobó una amnistía para casos de corrupción anteriores a 2020, beneficiando a políticos y empresarios implicados en escándalos millonarios. Esta decisión ha sido calificada como un «golpe a la justicia» y un mensaje claro: la impunidad sigue siendo la norma en Guatemala.
