En los últimos meses, Quetzaltenango ha sido testigo de un incremento desproporcionado en las tarifas de energía eléctrica, un golpe directo al bolsillo de sus habitantes. Este aumento, justificado bajo el argumento de “ajustes trimestrales” establecidos en contratos firmados con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), ha desatado una ola de indignación y protestas en una ciudad que ya enfrenta graves carencias en servicios básicos.
Para los usuarios del servicio social, aquellos que consumen menos de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales, el aumento ha sido de 5 centavos por kWh. Sin embargo, para los usuarios de la tarifa no social, que superan los 300 kWh mensuales, el incremento ha sido de 9 centavos por kWh. Estos ajustes, vigentes desde enero de 2024 y reflejados en los recibos a partir de febrero, han dejado a miles de familias luchando por pagar facturas que cada vez se asemejan más a un lujo que a un servicio básico.
Frente a esta situación, el alcalde Juan Fernando López Fuentes presentó el 17 de marzo de 2025 una acción de amparo contra el INDE, buscando suspender temporalmente los aumentos. Según López Fuentes, la deuda mensual de la municipalidad por el servicio eléctrico se disparó de entre Q8 y Q9 millones a más de Q20 millones mensuales, una cifra que evidencia la insostenibilidad del contrato actual. Aunque el amparo provisional logró suspender temporalmente los aumentos, la medida no resuelve el problema de fondo: un contrato leonino que beneficia al INDE y perjudica a la población.
Mientras las autoridades se enredan en disputas legales, la ciudadanía ha salido a las calles para expresar su descontento. Protestas frente al Palacio Municipal de Xela han denunciado no solo el alza en las tarifas eléctricas, sino también la falta de servicios esenciales como el agua potable y los exorbitantes salarios del alcalde y sus concejales. Estas manifestaciones son un grito desesperado de una población cansada de pagar los platos rotos de una gestión municipal ineficiente y contratos opacos que benefician a unos pocos.
La situación en Quetzaltenango es un claro reflejo de un sistema que prioriza los intereses económicos de las instituciones sobre las necesidades de la población. El INDE, en lugar de garantizar un servicio accesible y de calidad, ha convertido la energía eléctrica en un privilegio inalcanzable para muchos. Por su parte, la municipalidad, aunque ha intentado acciones legales, no ha logrado presentar una estrategia clara para resolver el problema a largo plazo.
La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto más tendrá que soportar la población quetzalteca antes de que las autoridades actúen con transparencia y responsabilidad? Mientras tanto, las calles de Xela seguirán siendo el escenario de un descontento que no puede ser ignorado. La luz no solo se ha vuelto más cara, sino que también ha iluminado las fallas de un sistema que parece diseñado para fracasar.
