EL ABUSO DEL SISTEMA QUE DESTRUYE INOCENTES

Mientras Guatemala enfrenta una epidemia de violencia de género —con más de 7,000 evaluaciones clínicas por delitos sexuales solo en 2023 (INE)—, otro fenómeno silencioso corroe el sistema judicial: las denuncias falsas de abuso físico. Aunque minoritarias, estas acusaciones malintencionadas no solo arruinan vidas inocentes, sino que desvían recursos, saturan los juzgados y ponen en riesgo la credibilidad de las víctimas reales.

La cifra negra de las falsas acusaciones

El Estado no lleva un registro transparente de denuncias falsas, pero los casos se multiplican en los tribunales. Médicos forenses, como Aníbal Navarro, advierten: «Muchas acusaciones son armas de venganza en divorcios conflictivos o estrategias para ganar custodia o beneficios económicos» (Semana). El sistema, diseñado para proteger, se convierte en cómplice cuando no filtra las mentiras.

Condenados sin juicio: el costo de una mentira

Basta una denuncia para que un hombre —o incluso una mujer— pierda todo:

• Libertad: Detenido en preventivo (incluyendo la peligrosa Zona 18), sin pruebas.
• Economía: Abogados, pérdida de empleo, negocios quebrados.
• Salud mental: Depresión, ansiedad e incluso suicidios documentados (Relato).
• Familia: Alejamiento forzado de hijos y estigma social.

El Artículo 453 del Código Penal castiga con 1 a 6 años de prisión a quien presente una denuncia falsa, pero casi nadie es procesado. Mientras, el Artículo 454 penaliza la simulación de delitos… en el papel.

Justicia selectiva: ¿Doble estándar?

El sistema actúa rápido contra el acusado, pero es lento e indiferente para rectificar. Los fiscales rara vez investigan el origen fraudulento de las denuncias, y los jueces suelen archivar los casos sin reparar el daño. ¿Por qué no hay cifras oficiales? ¿Acaso reconocer el problema restaría legitimidad a la lucha contra la violencia de género?

Urge un equilibrio

Guatemala debe proteger a las víctimas reales, pero también sancionar a quienes manipulan la justicia. Sin rigor, el sistema se convierte en un arma política y personal. La credibilidad de las verdaderas sobrevivientes depende de que los tribunales distingan entre crimen y calumnia.

¿Qué opinas? ¿Es hora de exigir auditorías a las denuncias o fortalecer las consecuencias legales para quienes falsean testimonios?