Yovanny tenía solo 17 cuando dejó su hogar, en una pequeña comunidad al occidente de Guatemala, donde la mayor parte de sus poco más de 3,000 habitantes viven por debajo de la línea de la pobreza y aún mantienen su idioma madre, el quiché. Era finales de marzo de 2011 cuando decidió migrar a los Estados Unidos, para buscar trabajo y mejores condiciones de vida.
Una semana más tarde llamó a su familia, dijo que estaba con un grupo en Tamaulipas, México, y que pronto cruzarían la frontera. Ésa fue la última vez que supieron de él. La familia de Yovanny no lo sabe, pero por esos días los grupos criminales en San Fernando, Tamaulipas, se dieron a la tarea de secuestrar y desaparecer a grupos de migrantes para reclutarlos de manera forzada o evitar que se sumarán a las filas de grupos rivales.
Entre abril y mayo de ese mismo año, el Ejército mexicano reportó el hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos, en San Fernando, Tamaulipas. Entre ellos estaba el de Yovanny. Pero nadie lo sabía. Para noviembre de ese año, aquellas casi 200 vidas que fueron arrebatadas de manera violenta y reducidas a códigos forenses con los datos de su identificación sobre los cuerpos de las víctimas: “Cuerpo 4 Sin Fosa, de la AP 1114 (en adelante “cuerpo 4”)”, fue la que se le asignó a Yovanny. Sin embargo, un error en el proceso hizo que esa etiqueta quedara en el cuerpo de otro hombre joven y que a Yovanny se le asignara el “Cuerpo 5”.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía (FGR), entregó el cuerpo supuestamente de Yovanny, el 20 de marzo de 2012. A la familia de Yovanny, como a las de las demás víctimas, no se le permitió ver el cuerpo ni se le entregó documentación sobre la identificación. Así fue enterrado en el panteón local de su comunidad.
En una historia paralela que después cruzaría con la de Yovanny, en agosto de 2013 –más de un año después–, nació la Comisión Forense, con la firma de un convenio entre diversas organizaciones de la sociedad civil –entre ellas la Fundación para la Justicia–,
comités de familiares y albergues de apoyo a la población migrante de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y la PGR, con el objeto de dar seguimiento a los procesos de identificación de las víctimas de esa y otras dos masacres las 72 Personas Migrantes (agosto, 2010), y la Masacre de Cadereyta (2012). Recibió 131 de los 196 cuerpos localizados en las fosas clandestinas.
La Comisión Forense, integrada por peritos independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos oficiales de la FGR, empezó a revisar las identificaciones establecidas por la PGR en el 2011, y detectó inconsistencias. Respecto al caso de Yovanny, identificó y luego confirmó que el perfil del cuerpo entregado en el 2012 no coincidía con sus familiares. En cambio, sí coincidía con uno de los cuerpos resguardados en la Ciudad de México.
La situación fue informada a las partes del convenio y a las autoridades guatemaltecas desde 2015, lo que implicaba implementar un plan de acción para confirmar la identidad del cuerpo ubicado en la Ciudad de México, y exhumar el cuerpo entregado a la familia de
Yovanny. Para dar certeza a las familias de ambas víctimas. También implicada dar la noticia a la familia, tomar muestras nuevamente y procesarlas, como notificar la situación a los familiares de Yovanny, tomarles de nuevo muestras biológicas y procesar la información.
El 5 de diciembre de 2019, en el consulado de México en Guatemala, se llevó a cabo la notificación a los familiares de Yovanny, del error cometido por las autoridades mexicanas. Superada la parálisis impuesta por la pandemia de Covid-19, en 2022 los peritos de la
Comisión Forense tomaron muestras genéticas a los familiares de Yovanny, en el consulado de México en Quetzaltenango. También realizaron entrevistas sobre las circunstancias de desaparición de Yovanny y otros datos ante-mortem.
Una vez procesada la información, se confirmó la situación: el cuerpo de Yovanny siempre había estado en México. Los peritos de la Comisión Forense expidieron los dictámenes de corrección y se notificó a su familia, en abril de 2023. La Comisión Forense trató de conseguir una reunión con las autoridades de Guatemala para tratar el caso y trazar la ruta a seguir para exhumar y restituir los cuerpos, sin éxito.
En abril del 2024, la FGR mandó a su homólogo de Guatemala (Ministerio Público) una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, para que la Comisión Forense pudiera llevar a cabo los trabajos forenses de exhumación, revisión y restitución. Desde entonces, la Fundación para la Justicia ha buscado con el Ministerio Público de Guatemala que permita dar certeza a la familia de Yovanny. De la misma manera, ahora solicitamos al gobierno del presidente Bernardo Arévalo, girar las instrucciones que sean necesarias y facilitar las mesas de diálogo para que la familia de Yovanny no siga sufriendo en el dolor de haber perdido un hijo, un hermano, y pueda ayudar a traer paz a su hogar con la certeza de saber en dónde están sus restos.
Colaboración: FUNDACIÓN PARA LA JUSTICIA.
