La Corte de Constitucionalidad, de manera exprés, ha dado trámite a dos amparos que buscan dejar sin efecto la aprobación de la ampliación del presupuesto general de la nación otorgada por el Congreso de la República el pasado trece de agosto.
El primero de los dos amparos fue interpuesto por el diputado Héctor Aldana, de la bancada VAMOS, por el cual la Corte de Constitucionalidad ha solicitado al Congreso de la República la emisión de un informe circunstanciado sobre los fundamentos de ley en los que el organismo legislativo se amparó para la aprobación de la ampliación presupuestaria.
Asimismo, la Corte de Constitucionalidad ha dado trámite al amparo interpuesto por la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo, liderada por Ricardo Méndez Ruiz, conocido en el ámbito nacional e internacional por hostigar y denunciar a fiscales, jueces y activistas de derechos humanos.
Por el amparo interpuesto por la FCT, la Corte de Constitucionalidad ha ordenado al Legislativo emitir un informe circunstanciado en el que se expliquen los motivos por los cuales el Congreso de la República aprobó la ampliación presupuestaria.
A través de redes sociales, cientos de ciudadanos han señalado la celeridad con la que la Corte de Constitucionalidad da trámite a casos específicos, considerando que normalmente un ciudadano debe esperar meses para que su situación jurídica sea conocida. Pareciera que la CC tiene una sala especial para conocer los casos de la FCT y de los diputados de VAMOS.
Incluso en casos como el de «Sacándole Brillo a Xela», donde una sala de apelaciones ya estableció que no se les pueden negar los derechos políticos a los concejales y a sus electores de ser representados dentro del concejo municipal, sigue sin conocerse la resolución de otra sala de apelaciones que emitió una resolución contraria a la primera.
