El presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa, brindó detalles sobre el denominado caso B410, el cual calificó como el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos en nuestro país.
El mandatario reveló que la estructura criminal se creó para asignar contratos con el Estado, lo que permitió a diversas empresas evadir impuestos y causó un daño significativo a las finanzas públicas y los servicios del Estado de Guatemala.
Un plan diseñado para defraudar
Arévalo destacó el trabajo realizado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cuya investigación reveló el fraude.
Según explicó, se trata de una red de corrupción compuesta por 410 empresas que habrían defraudado al Estado guatemalteco por más de 300 millones de quetzales.
Sin embargo, aclaró que esta cifra podría aumentar a medida que las investigaciones avancen y podría ascender hasta los 800 millones de quetzales.
El mandatario subrayó que esta estructura se diseñó y ejecutó durante el gobierno anterior, con el objetivo de enriquecer a unos pocos a expensas del pueblo guatemalteco.
Arévalo enfatizó que la corrupción fue el sistema operativo del Estado. También señaló que los responsables buscaban mantener la corrupción libre de impuestos.
Compromiso contra la corrupción
Frente a la magnitud del fraude, el presidente Arévalo reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción.
Añadió que la Procuraduría General de la Nación (PGN) tomará las medidas necesarias para defender los intereses del Estado y llevar a los responsables ante la justicia:
Como gobierno comprometido con la lucha contra la corrupción, tomaremos las acciones pertinentes, debido a las graves implicaciones que esta red de defraudación tiene sobre los recursos públicos y los bienes del pueblo de Guatemala.
Acciones inmediatas
El Presidente también anunció que ha dado instrucciones a la Comisión Nacional contra la Corrupción para revisar exhaustivamente todos los contratos de las empresas involucradas en el caso B410.
Además, se implementarán nuevos protocolos de compras y regulación en cuanto a los beneficiarios finales de los contratos con el Estado, con el objetivo de evitar que este tipo de fraudes se repita en el futuro.
Por esa razón, el gobernante sentenció:
Nos comprometemos a monitorear periódicamente el avance de esta investigación y mantener informada a la población sobre nuestros hallazgos, sin importar quién caiga.
También aprovechó para instar al Ministerio Público (MP) a dejar de lado la persecución política y concentrarse en los verdaderos responsables de este daño al país.
Por su parte, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, explicó que la PGN tomará dos tipos de acciones en respuesta al caso B410, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo.
En lo judicial, la PGN se presentará como querellante para asegurar que los responsables sean juzgados. En tanto que en lo administrativo se revisarán todas las contrataciones relacionadas con las empresas involucradas en el fraude, con el fin de individualizar las responsabilidades.
Investigación en marcha
El titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, también jugará un papel clave en la investigación. Su tarea será revisar las adjudicaciones y las investigaciones en las entidades vinculadas al caso, con el objetivo de identificar a los beneficiarios finales del fraude.
Saavedra explicó que esta investigación, iniciada por la SAT, ya cuenta con más de 600 folios de evidencia y continuará su curso hasta que todos los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.
A medida que el caso B410 avanza, el Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso de erradicar la corrupción y devolver la confianza a los ciudadanos. El monitoreo constante y la transparencia serán fundamentales para asegurar que los responsables del mayor fraude fiscal en la historia reciente del país no queden impunes.
El caso B410, aún en desarrollo, representa una prueba crucial para el gobierno del presidente Arévalo, que busca demostrar que la lucha contra la corrupción es más que una promesa, es una acción tangible y contundente en defensa del pueblo guatemalteco.
