Los intentos de excluir a los concejales electos por el comité cívico Sacándole Brillo a Xela del Concejo Municipal de Quetzaltenango han generado una serie de controversias desde 2023. Estos concejales han enfrentado varias maniobras legales y políticas que buscan bloquear su participación en las sesiones del concejo.
El pasado 21 de junio, las concejales suplentes Ingrid Guzmán y Julia Violeta Saj, electas por los partidos Humanista y la coalición Valor-Unionista, respectivamente, presentaron un amparo ante la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo civil, mercantil y familiar, constituida en tribunal de amparo, el cual fue concedido de manera exprés.
En este amparo interpuesto, el tribunal resolvió de manera provisional que la Municipalidad de Quetzaltenango estaba facultada para abstenerse “de convocar y permitir la participación” de los concejales que fueron electos por el comité cívico Sacándole Brillo a Xela en las sesiones del concejo municipal.
De acuerdo con artículos anteriores del Diario de Los Altos, los concejales de SBX plantearon una apelación que no había sido resuelta sino hasta el pasado 15 de agosto, pero la notificación fue emitida el 27 de agosto.
Este domingo, uno de septiembre, los autonombrados “concejales por el futuro de Xela” emitieron un comunicado a través de su cuenta de Facebook en el cual expusieron que el amparo provisional otorgado por la Sala Cuarta había sido revocado.
Según la resolución, por unanimidad, los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones resolvieron dejar sin efecto el amparo provisional otorgado el pasado 21 de junio a favor de las concejales suplentes, además de imponer una multa de Q1,000.00 al abogado Jorge Héctor Paúl Pineda y condenar en costas judiciales a las concejales que interpusieron el amparo.
El amparo no fue definitivo, por lo que faculta a las amparistas Ingrid Guzmán y Violeta Saj a presentar una apelación, la cual fue interpuesta este domingo por la Municipalidad de Quetzaltenango a través de su mandatario judicial, Eduardo José Castillo.
De acuerdo con las declaraciones que brindó a los medios de comunicación presentes y transmitidas a través de la cuenta oficial de la municipalidad en Facebook, la comuna fue notificada de la resolución “de un amparo promovido por cuatro exconcejales”, con la cual fueron emplazados para evacuar los antecedentes y un informe circunstanciado, el cual fue presentado en ese mismo acto.
Según el mandatario judicial de la Municipalidad de Quetzaltenango, “es un tema de circunstancias administrativas”, por lo que una sala de materia penal no tiene la competencia para revisar actos de carácter administrativo efectuados en el pleno uso de las facultades legales que el Código Municipal concede al Concejo Municipal”. Asimismo, agregó que desde el pasado viernes se presentó “la cuestión de competencia”. Agregó que existen varias irregularidades en la tramitación del amparo, circunstancia que también ya fue puesta en conocimiento de la Corte de Constitucionalidad a través de un ocurso de queja, en virtud de que la notificación fue incompleta.
De acuerdo con el abogado de la municipalidad, “la resolución emanada por la Sala Cuarta de Apelaciones en nada afecta la decisión autónoma en ejercicio del cargo del Concejo Municipal mediante la cual se declaró la vacancia de los cargos”, además expuso que la resolución no ha sido ejecutoriada.
Esta redacción se contactó con Marco Chávez, concejal sexto, quien manifestó que “la municipalidad goza de autonomía, pero eso no significa una dictadura, ni pueden atribuirse funciones de juez competente, ni tampoco las atribuciones del TSE. La representación de los quetzaltecos se ganó en las urnas, eso no se decide en una sesión de concejo”.
