CONGRESO CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO: PARTIDOS POLÍTICOS QUEDAN FUERA DE SUSPENSIÓN JUDICIAL
En una sesión maratónica celebrada en el Palacio Legislativo, el Congreso de la República aprobó una polémica reforma al artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. La medida, impulsada de urgencia nacional, busca excluir a los partidos políticos de las disposiciones sobre suspensión judicial, estableciendo que cualquier proceso de cancelación o suspensión de estas organizaciones deberá regirse exclusivamente por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al tener rango constitucional. Este cambio abre la posibilidad de que el partido oficial, Movimiento Semilla, recupere su personería jurídica y los derechos de sus 23 diputados en el Congreso.
UNA REFORMA POLÉMICA Y DE URGENCIA
En una jornada legislativa marcada por el debate y la controversia, 127 diputados aprobaron la redacción final del Decreto 34-2024, que reforma el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. El cambio asegura que las suspensiones judiciales ya no apliquen a los partidos políticos, los cuales quedarán sujetos exclusivamente a la Ley Electoral y de Partidos Políticos por su rango constitucional.
El partido Movimiento Semilla, actualmente suspendido, es el principal beneficiado, ya que la reforma le permitiría recuperar su personería jurídica y, con ello, sus 23 diputados volverían a integrar comisiones de trabajo y podrían participar en la Junta Directiva del Congreso.
¿QUÉ DICE EL NUEVO ARTÍCULO 82?
- Antes de la reforma, la ley permitía la suspensión provisional de personas jurídicas, incluidas las organizaciones políticas, si eran utilizadas en hechos ilícitos. Con la modificación, el artículo ahora establece que:
- Las suspensiones solo aplicarán a personas jurídicas privadas.
- El plazo máximo será de un año, con autorización judicial.
Los partidos políticos quedan exentos de esta norma y solo podrán ser suspendidos o cancelados bajo la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
¿QUÉ SIGUE AHORA?
El decreto será enviado al Presidente de la República para su sanción o veto. Si es aprobado, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Esto significaría un cambio trascendental en cómo se regula la relación entre justicia penal y organizaciones políticas en Guatemala.
LAS REACCIONES
La reforma ha generado opiniones encontradas. Por un lado, sus defensores argumentan que protege el debido proceso y la estabilidad política del país. Por otro, sus críticos la ven como un movimiento estratégico para blindar al partido oficial en medio de una crisis legal.
UN PRECEDENTE EN LA HISTORIA POLÍTICA
Con esta decisión, el Congreso no solo modifica una ley clave, sino que establece un precedente en la forma en que se manejan los conflictos legales de los partidos políticos. La atención nacional e internacional está puesta ahora en el desenlace que esta reforma traerá para el escenario político guatemalteco.
