El aumento de los diputados aún está en disputa. La Corte de Constitucionalidad podría obstaculizarlo. Algunos partidos, como Semilla, lo rechazan y aseguran que tratarán de revertirlo. Pero mientras esto sucede, los diputados ya han hecho una cosa: cobrar en febrero un salario base que multiplica casi por cuatro el recibido en enero y que aumenta en un 120% el costo de la planilla del Congreso.
¿Cómo lo lograron?
Los diputados, siempre tan criticados, reciben un aumento en su salario base. ¿Cómo lo logran? Votando ellos mismos a favor de la medida. ¿De cuánto es el incremento? De varias veces su salario base actual, algo con lo que la mayoría de trabajadores del sector público o privado no podrían ni soñar.
La decisión se tomó hace ya meses, en noviembre pasado, cuando los diputados aprobaron el presupuesto del Congreso para 2025. Entonces decidieron que este año su salario debía equipararse al de los magistrados de apelaciones. El aumento se justificó en unas pocas líneas, sin entrar en detalles o mencionar cifras.
Detalles del aumento
- Salario base anterior: Q9,550
- Nuevo salario base: Q46,700
- Incremento: Casi 400%
- Costo total de la planilla: Pasó de Q5 millones a Q11 millones mensuales (+120%)
Componentes del salario
- Base: Ahora Q46,700 (antes Q9,550)
- Dietas y gastos de representación: Se mantienen igual (~Q20,000 adicionales)
- Total promedio por diputado: ~Q65,000 mensuales (antes Q29,000)
Controversias
La medida ha generado fuertes críticas por:
- Autogestión: Los diputados votaron su propio aumento
- Opacidad: Se incluyó en el presupuesto sin detalles numéricos
- Contexto social: Contrasta con la pobreza (59% de la población)
- Recursos legales: Partidos como Semilla han presentado acciones ante la CC
¿Por qué es polémico?
- El nuevo salario base supera 10 veces el salario mínimo (Q3,152 en 2025)
- Drena recursos que podrían usarse en salud o educación
- Refuerza la percepción de que la clase política prioriza sus intereses
Situación actual
El aumento ya se aplicó en febrero, pero la Corte de Constitucionalidad podría anularlo si determina que viola principios constitucionales. Mientras tanto, crece la presión social contra esta medida.
