Este 10 de diciembre se cumplieron 71 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Guatemala estuvo entre los primeros 48 países signatarios por decisión del Presidente Juan José Arévalo.
Como pasa con frecuencia con los acuerdos y tratados de derechos humanos, Guatemala está entre los primeros estados en firmarlos, ratificarlos y convertirlos en ley de la República, pero en realidad es el peor en el cumplimiento, siempre está en los primeros lugares en corrupción, analfabetismo, desigualdad económica, desnutrición, muertes violentas, maltrato infantil y violencia contra la mujer.
En la actualidad los defensores del pacto de corruptos han propagado la falsa idea que los derechos humanos son para defender a delincuentes o personas de las diferentes orientaciones sexuales, aprovechándose del hartazgo social por la delincuencia, y lo conservador de nuestra sociedad. Otra falsedad propagada es confundir los derechos humanos en sí mismos, con la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instituciones defensoras de éstos.
Los derechos humanos son garantías individuales y colectivas que cada Estado debe dar a sus ciudadanos por el hecho único de ser seres humanos, y esa garantía y obligación se extienda a cada persona humana que esté en la jurisdicción de cualquier Estado.
Y es obligación del presidente Morales, del gabinete, Organismo Judicial, y Organismo Legislativo cumplirlos, no de la Procuraduría de los Derechos Humanos ( PDH) cuyo trabajo es velar porque el gobierno cumpla sus obligaciones, pero es merced a la ignorancia cívico política, y al afán de ocultar sus fracasos e inoperancia del Ejecutivo que Jimmy Morales recurre a tergiversar la naturaleza y ámbito de atención de los derechos humanos y las instituciones que velan por su observancia.
Los derechos humanos reconocidos son 60 y en trámite dos más: El acceso al agua potable, y a la electricidad, y de todos: ¡ninguno se cumple en Guatemala!
