Desde el 25 de octubre reciente, el Ministerio Público (MP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indicar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la resolución sobre la inscripción de Juan Fernando López Fuentes, más conocido como JF, quien durante las elecciones del 2019 aún figuraba como contratista del Estado y no debía ser inscrito; la CSJ admitió el amparo del MP el 9 de noviembre de 2019.
El artículo 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) indica que los contratistas que reciban dinero o contratos provenientes de fondos públicos, en este caso hasta el 10 de octubre del 2016, no podían participar en la contienda electoral; sin embargo, el alcalde electo de Quetzaltenango, JF, fue tomado en cuenta.
Además, en el Código Municipal, en el inciso «B» del artículo 45, se manifiesta sobre prohibiciones al que directa o indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del municipio.
La resolución se basó en una rescisión de contrato sobre la ampliación del Cementerio General de Xela otorgado a la empresa constructora JF, propiedad del alcalde electo, la cual fue solicitada al Concejo Municipal en agosto de 2019, estando fuera de los plazos establecidos en la Ley antes mencionada.
Por lo tanto, surgen posibles anomalías en la inscripción de López, que el próximo 15 de enero asumiría el cargo, pero ante esto, no podría ser el nuevo jefe edil de la ciudad.
Deben pronunciarse
Ahora todo quedará en manos de la CSJ, quien debe analizar el expediente que dejó al aire desde octubre reciente y dar una resolución concreta para definir el futuro de López.
Sin embargo, por el corto tiempo que resta, lo más seguro es que la actual CSJ no logre resolver y sería la entrante quien dictamine si procede el amparo.
De confirmar las investigaciones del MP, JF no podría asumir el cargo de alcalde municipal de Quetzaltenango.
