Cada vez que hay crisis en el país por algún motivo que el gobierno de turno empieza a ser incongruente entre lo que hace y lo que se espera que haga, entre lo que ofreció en la campaña y lo que está realizando en su función pública, inician las protestas y manifestaciones de quienes entendemos lo que está pasando, pidiendo la renuncia del Presidente de la República.
Siendo honesto y contando qué se platicó en la Constituyente, como es mi costumbre, quiero confesar que el tema de revocar el mandato nunca fue tema. Incluso, había conciencia del poder que se le dio al Congreso de la República y a los órganos de control, que cuando se habló de gobernadores electos, las palabras que se escuchaban eran: ya le quitamos mucho poder al Presidente.
La realidad es otra; todos sabemos que el Presidente metió las manos desde el primer día en el Congreso, al intervenir en la elección de la junta directiva del mismo, que ayudó a que el Presidente Jimmy Morales tomara posesión casi a escondidas y a la carrera, para mantener su antejuicio por si lo arrestaban al entregar el cargo. Es público que él es parte de la jugada para no elegir cortes o elegir las ya pactadas; que por medio de su partido representado allí es parte del ataque al PDH y lejos de apoyar para que el congreso no viole la Constitución al no obedecer una decisión de la Corte de Constitucionalidad, llama públicamente a la jefa del Ministerio Público, mi amiga personal. ¿Pero qué piensa el pueblo de Guatemala de donde proviene el poder?
En base a un estudio reciente, la población sigue confiando en el Presidente, cree que está haciendo su mejor esfuerzo en combatir la pandemia, que mínimo va a entregar el país como lo encontró y los temas que mencionamos con anterioridad están solo en boca de una minoría privilegiada, que puede dedicarle tiempo a estos temas que pueden agravar la situación y que ponen en grave riesgo la institucionalidad del país, porque no se trata de defender a ningún funcionario, pero si a las ya desgastadas instituciones.
El Congreso puede desconocer al Presidente de la República si, habiendo vencido su período constitucional, continúa en el ejercicio del cargo; dice la Constitución, tema que está lejos de suceder en apenas meses de haber iniciado. También el Congreso podría declarar si hay lugar a formación de causa contra el Presidente, pero, aunque se hable de corrupción, nadie ha iniciado ni siquiera una investigación, menos una denuncia que lleve a un caso como los del 2015. Entonces se habla de la potestad que también corresponde al Congreso de declarar, la incapacidad física o mental del Presidente de la República para el ejercicio del cargo, lo que también lleva un proceso que está lejos de que se dé.
¿Qué nos queda? Usar el derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Seguros de que no nos pueden perseguir ni molestar, por opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma para lograr esa Revolución urgente de la que el Maestro Jorge Mario García La Guardia habló esta semana.
