Como ya mencioné, la temática de los pueblos indígenas, la organización del Estado para proteger a la persona y a la familia, la igualdad en dignidad y derechos del hombre y de la mujer son enunciados plenamente establecidos en la Constitución Política de la República. No obstante, poco o nada se ha hecho en los últimos años para fortalecerlos y, como dije la semana pasada, lo vamos a pagar muy caro como nación.
Los procesos electorales más recientes se han realizado en un contexto donde la mayoría de instituciones estatales han estado penetradas por el crimen organizado y la narcoactividad. Ha sido evidente y hasta descarada, la participación de candidatos, a diputaciones y a alcaldías, vinculados a estas agrupaciones lo que conlleva seguridad e impunidad en sus acciones y tener a su servicio instituciones y territorios que garantizan sus operaciones ilícitas.
En el tema de género, el 54% del Padrón Electoral lo conforman mujeres, sin embargo, esa presencia no se refleja en las candidaturas para alcaldías, diputaciones y la presidencia. Escasas dos mujeres han sido candidatas presidenciales; para las diputaciones se ha tenido un promedio de 25% por distrito electoral y, para las comunas, la participación es la más escasa con 2%.
Lo anterior confirma que la democracia interna de las agrupaciones políticas continúa sumamente débil, reflejándose en esa escasa oportunidad para ser electas o bien adjudicándoles puestos secundarios sin dejar de lado el latente el racismo y la discriminación.
Los pueblos indígenas aún esperan el abordaje de derechos colectivos: idiomas indígenas nacionales, territorio, identidad de los pueblos; autoridades ancestrales; y formas de organización y participación propia. La estructura interna partidaria no permite, ni facilita, su participación en los procesos de selección de candidatos y, por lo tanto, la posibilidad de hacerse representar es vedada.
La debilidad de la ciudadanía en cuanto a organización política no permite que los liderazgos locales accedan a cargos de representación al no tener cabida en los partidos para participar. Con la firma de la paz en 1996, se crean las condiciones para desarrollar un conjunto de compromisos que dieron vida a la creación, en 2005, de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Este cuerpo legal instituye normas y mecanismos para regular y orientar el proceso de cumplimiento de los Acuerdos, entre ellos los compromisos relativos a las mujeres y a los pueblos indígenas. Pero hoy vemos que las instituciones creadas a raíz de este Decreto, han desaparecido.
La Constituyente fue el inicio y la base para que estos campos fueran incluyentes así, en 2011, a nivel de diputaciones, se pudo contar con 19 mujeres; para el 2015 fueron 22 y 31 en 2019. Pero la debilidad es más latente en el poder local, aquí se tuvieron 9 alcaldesas para el 2011; para el 2015 el número fue de 10 y para el 2019 solamente 12. Estos números nos obligan a meditar y seguir presionando, para que se abran espacios y oportunidades para estos grupos que lejos de ser minoritarios constituyen la grandeza de la sociedad, de la democracia y del futuro. La batalla es ahora más difícil ya que, con las medidas presidenciales tomadas, no hay instituciones para seguir trabajando.
