El robo de la electricidad continua incrementándose en algunas regiones del país por parte de grupos criminales que se enriquecen, día con día, vendiendo electricidad a bajo precio a usuarios del sistema, especialmente en el área rural, fluido que estos han robado a las empresas distribuidoras de electricidad y que venden por una tasa fija de Q.20 a Q.40, invocando falsedades como facilitar el acceso a la electricidad como un derecho, cuando en realidad todos sabemos que son estructuras criminales que venden a sus abonados un bien que no les pertenece, que se han robado.
Estas estructuras suelen hostigar a los vecinos honrados de las comunidades que no quieren comprar electricidad robada y que tienen su contrato legal del servicio eléctrico, y como producto de las conexiones ilegales que estas estructuras criminales hacen, los perjudican con la fluctuación de la corriente eléctrica causada por las conexiones ilegales, estructuras que confesamente roban la energía de las empresas distribuidoras de energía, causándole un grave daño patrimonial, así como a la sociedad; el daño patrimonial que causan estas estructuras criminales es sencillo de comprender, le roban la energía a una empresa que la distribuye quien anteriormente la adquirió por un precio para su posterior distribución y venta.
Por otro lado, las invasiones a fincas en el área rural son promovidas, de igual manera, por bandas criminales quienes hacen de las invasiones un negocio sumamente rentable mediante el cual utilizan y en algunas ocasiones estafan a pobres campesinos que dan anticipos para poder hacerse de un terreno o les hacen creer que se van a quedar con la tierra o la van a trabajar de manera asociada; en otros casos, los campesinos ya saben que se invade una finca con la finalidad de depredarla en su totalidad y si la autoridad realiza un desalojo, entonces los enfrentan momentáneamente para después abandonarla y trasladarse a otra finca, al final, es un negocio redondo para las estructuras criminales, porque no sólo pueden depredar una finca por un largo tiempo, sino de igual manera, quedarse con ella si los propietarios no accionan legalmente o los amedrentan matones que trabajan para estas estructuras criminales.
En el primer caso estas estructuras criminales no solo cobran por lo robado, sino además, tienen nexos con grupos que propugnan por estatizar la generación y distribución de la energía eléctrica con una falsa promesa de regalarla a la población, sabiendo que técnicamente es imposible hacerlo.
En el segundo caso, piense por un momento si a usted le roban su vehículo o su motocicleta, le estafan o le roban sus pertenencias tecnológicas, o le quieren invadir su casa de habitación, usted sin lugar a dudas lo denunciaría y se convertiría en acusador para que sus pertenencias le sean devueltas y los criminales vayan tras las rejas, entonces, ¿Por qué cuando se invade una finca, que es propiedad privada, los invasores son victimizados y el hecho criminal es tratado como un fenómeno social, de derechos ancestrales, o de derechos humanos, cuando es un delito tipificado en el ordenamiento penal?
La ley es de observancia general y se debe aplicar a todos por igual, la Constitución Política de la República, garantiza la propiedad privada y la libre empresa, por lo que, si no se combate ese tipo de hechos criminales que afectan la certeza jurídica, ¿Cómo se pretende atraer inversión extranjera para generar puestos de trabajo en el país, cuando no se respeta la propiedad privada ni la libre empresa? Hay que aprender de la historia y de lo que hicieron los países desarrollados para controlar estas estructuras criminales en su etapa de subdesarrollo y verán que se aplicó la ley a todos por igual.
El primer paso debe de ser perseguir estos hechos criminales y poner fin a estas estructuras criminales que viven del accionar delictivo y falsas promesas.
GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.
