El Gobierno de Perú ha aprobado un decreto en el que define el «transexualismo», «transvestismo de rol dual» y los «trastornos de la identidad de género» como enfermedades mentales, incluyéndolas en el Plan Esencial de Salud.
El documento, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Salud, César Vásquez, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, identifica explícitamente a las personas trans y a las dudas relacionadas con la identidad de género como condiciones de salud mental a ser tratadas.
El fundamento para esta clasificación proviene de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, la OMS retiró de esta lista a la transexualidad y el travestismo como trastornos mentales en 2019. Además, este viernes se cumplen 34 años del día en que la la agencia sanitaria de la ONU eliminó la homosexualidad de la citada lista.
En el decreto del Gobierno peruano también se incluye al «transvestismo fetichista» y a la «orientación sexual egodistónica» como «personas con problemas de salud mental», por lo que también están incluidos dentro del grupo que pueden recibir atención médica en centros de salud públicos y privados.
La diputada de la alianza opositora de centro izquierda Juntos por el Perú Susel Paredes pidió la derogación del decreto: «Refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans”. “Urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad”, añadió.
La organización civil Más Igualdad Perú también expresó su rechazo. Además, unos 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos presentaron una carta al Ministerio de Salud en la que le solicitaron dar marcha atrás con el decreto.
Ante las críticas, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que sostiene que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, pero, al mismo tiempo, justifica que gracias a este decreto se podrá «garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental» y que el «CIE-10 todavía se mantiene vigente en el país, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región».
«El Minsa reafirma categóricamente el respeto de la dignidad de la persona y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio», concluye.
Diferentes especialistas de la salud peruanos han comentado a través de redes sociales que el contenido detallado del Decreto Supremo Nº 009-2024-SA es beneficioso para la comunidad trans ya que ahora podrán recibir tratamiento hormonal gratuito. Sin embargo, esta aparente acción positiva tiene un gran costo legal y social, puesto que le da a los antiderechos LGBT un argumento oficial para decir que las personas trans sufren un trastorno mental debido a su identidad de género.
De esta manera se verían truncados los procesos judiciales de cambio de sexo y nombres en el Documento Nacional de Identidad. Tendrían problemas para acceder a un trabajo formal, además de exponerlas a maltrato por parte de los profesionales de la salud que atienden en los centros médicos a nivel nacional.
Más preocupante aún es que esta acción por parte del Estado le ha abierto la puerta a las llamadas «terapias de conversión». Ya que bajo la excusa de que “necesitan ser curadas”, las personas trans podrían ser sometidas a tratamientos violentos, deshumanizantes que hoy por hoy son considerados como tortura por los organismos internacionales de derechos humanos.
