La grave situación ambiental ha surgido tras la suspensión provisional de varios artículos del reglamento que obliga a las municipalidades guatemaltecas a construir plantas de tratamiento para las aguas residuales. Esta medida, tomada por la Corte de Constitucionalidad (CC), ha generado gran preocupación entre diversas organizaciones ambientalistas.
La suspensión se dio luego de que la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) presentara una inconstitucionalidad contra el Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, lo que dejó sin efecto temporalmente importantes disposiciones.
Uno de los artículos impugnados requería a los jefes ediles realizar estudios técnicos sobre la cantidad y tipo de plantas de tratamiento necesarias para evitar la contaminación de los mantos acuíferos. Esta medida era vital para proteger el suministro de agua potable en todo el país.
La fecha límite para que las municipalidades y empresas entregaran los estudios al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ya ha pasado, lo que significa que aquellas que no cumplieron con esta obligación podrían estar contaminando el agua sin enfrentar consecuencias legales.
Se enfatizó que la suspensión de estos artículos pone en peligro la salud de los guatemaltecos, ya que ahora no hay parámetros ni obligaciones para descontaminar el agua que llega a los mantos acuíferos. La situación es alarmante y exige una acción inmediata para proteger nuestro recurso más vital: el agua.
