LA PENA DE MUERTE EN GUATEMALA: HISTORIA Y EVOLUCIÓN
La pena de muerte ha sido una constante en la historia de Guatemala desde el siglo XIX. El primer fusilamiento registrado en el país ocurrió en 1840, cuando el presidente Rafael Carrera ordenó la ejecución de Roberto Molina, alcalde de Quetzaltenango, y sus concejales.
Durante el gobierno de Jorge Ubico (1931-1944), las políticas represivas incluyeron el uso del fusilamiento como herramienta de control. La aplicación de la ley fuga y el manejo de cárceles atestadas de presos comunes y políticos caracterizaron este régimen.
Las ejecuciones continuaron especialmente durante los regímenes militares, dirigidas contra asesinos y violadores, así como líderes estudiantiles, sindicales y opositores políticos en el contexto de la política contrainsurgente.
Bajo el régimen de Efraín Ríos Montt, el fusilamiento fue administrado por los Tribunales de Fuero Especial, que ejecutaron a 15 personas, según registros. La última ejecución por fusilamiento en Guatemala tuvo lugar el 13 de septiembre de 1996 y fue televisada en directo, lo que generó un cambio hacia la inyección letal.
El 29 de julio de 1997 se inauguró el Módulo Letal para implementar el nuevo método de ejecución. El primer condenado a muerte por inyección letal fue Manuel Martínez Coronado, ejecutado el 10 de febrero de 1998 por la masacre de una familia. Las últimas ejecuciones mediante este método se realizaron el 29 de junio del 2000, con la ejecución de dos secuestradores.
En 2001, el presidente Alfonso Portillo eliminó la facultad del Ejecutivo para otorgar indultos, y el tema se reavivó en 2008 durante el gobierno de Álvaro Colom. El Congreso intentó reactivar la pena de muerte y el indulto presidencial mediante un decreto, pero Colom vetó la ley por considerarla inconstitucional.
El debate sobre la pena de muerte ha sido utilizado por políticos en sus campañas electorales. Manuel Baldizón y Zury Ríos prometieron su aplicación si llegaban al poder. El actual presidente, Jimmy Morales, también expresó su intención de reinstaurar la pena de muerte. El 9 de agosto de 2017, el diputado oficialista Marcos Yax presentó una iniciativa en el Congreso para reactivar la pena capital.
