¿CUÁNDO LES TOCA A LOS GRANDES?: EL MP SE LUCE EN «INVESTIGACIONES EXPRESS» PERO OLVIDA EL CASO DE Q300 MILLONES
El Ministerio Público (MP), conocido últimamente por su velocidad en casos «convenientes», parece tomarse un largo café mientras los involucrados en el caso B-410, quienes presuntamente defraudaron al Estado por más de Q300 millones, continúan como si nada. A diferencia de los procesos casi instantáneos contra el Movimiento Semilla o el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, en este caso las acciones son como el Internet en zonas rurales: lentas y casi inexistentes.
El caso B-410 destapó un entramado de 410 empresas contratistas del Estado que, durante la administración de Alejandro Giammattei, habrían evadido responsabilidades fiscales mediante sociedades anónimas construidas por notarios estratégicos. Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), estas empresas fueron adjudicadas entre 2021 y 2023. Entre ellas, destaca Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S.A., vinculada a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y figura cercana al expresidente. Sin embargo, esta y otras empresas parecen disfrutar de una inmunidad celestial.
El MP, bajo el liderazgo de Consuelo Porras, asegura que se han solicitado auditorías y realizado allanamientos en oficinas de notarios como David Barrera y José Oropín, quienes aparentemente vendieron sociedades anónimas como pan caliente. Sin embargo, en cuatro meses, no hay órdenes de aprehensión, procesos judiciales ni una estimación concreta del monto total defraudado. Claro, dicen que las auditorías «aún no han concluido», como si esperar fuera la mejor estrategia para hacer justicia.
Mientras tanto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, ha invertido más esfuerzos en investigar a Marco Livio Díaz, el denunciante del caso, que en perseguir a los verdaderos responsables del entramado empresarial. ¿Qué más podemos esperar? Prioridades claras: atacar al mensajero, no al problema.
Contrastemos: en el caso contra el Movimiento Semilla, el MP actuó con una precisión quirúrgica. Una hora antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmara la segunda vuelta presidencial, la FECI ya anunciaba la suspensión de la personalidad jurídica del partido de Bernardo Arévalo. También, las actas 4 y 8 de los resultados electorales fueron extraídas con una celeridad que hasta sorprendió al TSE.
No olvidemos el caso del sistema TREP, donde los magistrados del TSE fueron investigados casi en tiempo real. Sin embargo, cuando se trata de defraudación masiva al erario público, el MP se excusa en plazos y auditorías inconclusas.
Mientras se habla de sociedades fantasmas y operaciones empresariales fraudulentas, las auditorías avanzan a paso de tortuga. Según el MP, de 21 auditorías, solo se han finalizado cinco, y de las 13 solicitadas a la Contraloría, apenas una ha concluido. ¿Por qué tanta paciencia con los poderosos, pero tan poco con otros casos?
Si las empresas señaladas continúan vendiendo al Estado y embolsándose millones, el mensaje es claro: la justicia en Guatemala es tan selectiva como un club privado.
¿Qué sigue? Quizás esperar que las auditorías concluyan en una década o, mejor aún, que los responsables publiquen sus memorias antes de enfrentar a la justicia. Mientras tanto, el MP continuará con su show de agilidad en casos políticos, porque para perseguir a los grandes, parece que aún están en «horas de almuerzo».
